El presidente Trump ha anunciado planes para obligar a las principales empresas de tecnología a asumir una mayor proporción de los costos asociados con el suministro de energía a sus centros de datos en rápida expansión. La medida se produce en un momento en que los precios de la electricidad aumentan en todo el país, impulsados en parte por las demandas de uso intensivo de energía del desarrollo de la inteligencia artificial.
El aumento de los costes de la electricidad y el auge de la IA
El crecimiento de la IA está creando una demanda de electricidad sin precedentes. Los nuevos centros de datos, esenciales para las operaciones de IA, consumen tanta energía como las ciudades pequeñas y a menudo requieren miles de millones en actualizaciones de la red. Actualmente, estos costos de actualización se distribuyen con frecuencia entre todos los clientes de servicios públicos, lo que genera preocupación de que los hogares promedio vean aumentar sus facturas.
Trump afirmó que las empresas de tecnología “tienen la obligación de satisfacer sus propias necesidades de energía”, sugiriendo que incluso podrían construir plantas de energía específicas para evitar cargar a otros contribuyentes. Su administración está enmarcando esto como una “promesa de protección al contribuyente”.
Presión de la Casa Blanca y preocupaciones prácticas
La Casa Blanca ha programado una reunión la próxima semana en la que las empresas tecnológicas se comprometerán formalmente con el compromiso. Sin embargo, los expertos se preguntan cómo se harán cumplir esos acuerdos. Verificar si las empresas realmente cubren el costo total de su uso de energía puede resultar difícil.
El momento de este anuncio también plantea consideraciones políticas. Según se informa, los funcionarios republicanos temen que el aumento de los precios de la electricidad pueda dañar sus perspectivas en las próximas elecciones de mitad de período.
La iniciativa del Presidente refleja la creciente ansiedad por las consecuencias económicas y políticas de la huella energética de la IA. Queda por ver si esto se traduce en un alivio tangible para los consumidores.
La administración apuesta a que la presión pública garantizará que las empresas tecnológicas cumplan, pero las implicaciones a largo plazo para la infraestructura de la red y los mercados eléctricos siguen siendo inciertas.
